Uno de los capítulos más reveladores de la investigación en curso sobre Frigorífico General Pico es la cadena de eventos que involucra a la familia Lowenstein en el período previo a la debacle financiera. En julio de este año, los Lowenstein transfirieron la totalidad de su participación accionaria en el frigorífico a un tercero, desprendiéndose formalmente de su rol como propietarios. Sin embargo, apenas catorce días después de esa operación, Alan Lowenstein solicitó su propio concurso preventivo personal, una decisión que los acreedores del frigorífico interpretan como un intento de blindar su patrimonio frente a futuros reclamos judiciales.
Este movimiento societario adquiere relevancia cuando se lo pone en relación con el desvío de los $16.500 millones hacia LDL. La mecánica sería la siguiente: mientras la empresa carnicera se desangraba por falta de liquidez, sus administradores canalizaban recursos hacia su negocio equino particular. Luego, al ver el escenario insostenible, se deshicieron de las acciones del frigorífico y se acogieron a la protección de un concurso personal para evitar responder con sus bienes. Los investigadores creen que esta secuencia temporal no es casualidad y que existe un plan deliberado para eludir responsabilidades.
La Asamblea de accionistas de Frigorífico General Pico ya tomó nota de estos hechos y, en una reunión que contó con veedores e inspectores de Personas Jurídicas, rechazó el balance del ejercicio 2025 y descalificó la gestión del Directorio saliente. Además, se negaron los $2.000 millones en honorarios que la administración anterior pretendía percibir, un gesto político contundente que refleja el malestar de los inversores. Sin embargo, la nueva conducción nombrada por la asamblea aún no ha podido tomar posesión de sus cargos, y la empresa sigue a la deriva, mientras el juez Iglesias y la Justicia penal intentan desentrañar el entramado societario que permitió la fuga de capitales.
